De aquellos barros, estos lodos

8airbusDe aquellos barros, estos lodos. Por Héctor Salvatierra. Politólogo.

Dos hechos confluyen en el tiempo: por un lado se celebra el juicio en Getafe, donde 8 trabajadores se enfrentan a amplias condenas de cárcel. Salvando las distancias, sus fotos junto a las propuestas de penas que señala el fiscal, remiten a la memoria y así ha salido en algún texto comparativo, a los procesados de Comisiones Obreras, en diciembre de 1973, en el llamado Proceso 1.001.

Paralelamente, dos “titiriteros” son puestos a disposición judicial por enaltecimiento del terrorismo, por representar una obra que el juez instructor considera “delictiva”. No pretendo con ello justificar en ningún modo si la obra era adecuada al público al que se destinaba ni si la libertad de expresión ha de respetar ciertos límite; pero de lo que no cabe duda es que los comediantes se enfrentan a un largo proceso y con penas de prisión incluidas por aplicación de delitos del código penal que también nos retrotraen a otros tiempos preconstitucionales, donde operaba la censura y los artistas tenían que someter sus obras, no sólo al consenso del público, sino también al examen de la censura política.

Tanto los trabajadores de Airbus, como los comediantes son víctimas de la aplicación de unos tipos delictivos propios de épocas pretéritas, donde la subversión del orden público era un delito y más la huelga que atentaba contra el orden de un régimen que llevaba a gala la “paz social”. Por ello, el artículo 315.3, rémora de aquella época, establece de forma diferenciada el delito de “coacciones”, cuando éste se puede dar en una situación de huelga por los piquetes informativos. Aquellos que tratan de realizar su labor sindical, para que otros trabajadores y trabajadoras no se incorporen a sus puestos de trabajo, muchas veces, valga la expresión, “coaccionados” por el empresario empleador que amenaza con el despido a quien haga seguimiento de la huelga.

Este viernes terminó el juicio y se vieron las pruebas presentadas por la policía, que es con su testimonio por el que la fiscalía sostiene la imputación del “ejercicio de la fuerza” de los piquetes informativo. En el juicio se ha presenciado como la acusación difícilmente se sostiene con “hechos probados” y todo queda en la percepción que podían tener los involucrados. Así, los agentes se sintieron amenazados y llegaron a utilizar sus armas reglamentarias, disparando al aire, ante una situación en la que el miedo les hizo pensar que se encontraban rodeados. Uso de las armas que también está siendo investigado internamente por ver si la reacción se correspondía con la acción.

Todos esperamos con ansiedad y afán de justicia, la sentencia en la que el juez ponga fin a 6 años de sufrimiento de ahora 6 personas que temen que por una aplicación de un artículo retrogrado que aún tiene plaza en el vigente Código Penal, puedan pasar de ser trabajadores sindicalizados a presos encarcelados.

En el caso de los titiriteros no sólo se suma el delito ya arcaico de enaltecimiento de la banda terrorista ETA, hoy afortunadamente desaparecida. Sino que quien lleva la instrucción en la Audiencia Nacional es un excomisario de policía del anterior régimen predemocrático que después accedió a juez y en su trayectoria se intuyen actuaciones claro correlato de su etapa de poder policial en el franquismo. En este caso no sólo esta en cuestión la aplicación de un tipo delictivo del código penal, sino por quien lo aplica. Y es que tristemente en nuestro país tras la dictadura franquista no hubo un proceso de “desfranquistización”, válgame la palabra para aludir al homónimo proceso de “desnazificación” que sí se dio en Alemania tras la caída del III Reich.

De aquellos barros, ahora tenemos estos lodos.

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