Privatización y captura del Estado.

TERCERA ENTREGA Y FINAL DE LA EXCLUSIVA SOBRE EL

Informe » Corrupción y servicios públicos».  Autor David Hall.  PSIRU. Public Services International Research Unit.

2. Privatización y captura del Estado.
La ‘gran corrupción’  de las élites políticas y de los negocios supone una significativa amenaza para la democracia y el desarrollo sostenible. Implica el pago de sobornos para conseguir contratos e influencia política. Son tres factores clave los que la distinguen de la ‘pequeña corrupción’:

  • Implica la existencia tanto de redes sistemáticas como de sobornos individuales.
  • La privatización, incluyendo la externalización, forma parte nuclear de las relaciones política-negocios.
  • Las compañías multinacionales, con sede en los países ricos supuestamente “limpios”, juegan un enorme y extenso papel en el proceso de la corrupción.

2.1.   Privatización y captura del Estado
El concepto ‘captura del Estado’ fue introducido por dos investigadores del Banco Mundial para describir la situación existente en algunos de los países de la antigua órbita soviética en Europa del Este. Encontraron que las empresas estaban adoptando deliberadamente estrategias en red para influir en políticos y funcionarios con vistas a promover cambios legislativos en su propio beneficio, consiguiéndolo en parte a través de sobornos.
Un ejemplo de esta clase de redes fue desarrollado en Italia en la década de los 90. Políticos de varios partidos, por un lado, y grupos de empresas, por otro, se pusieron de acuerdo en permitir a las empresas repartirse los contratos públicos entre ellas y decidir los precios. Las empresas acordaron poner suficiente dinero para dejar satisfechos a los políticos y que el dinero se repartiera entre todos los partidos implicados. Se utilizaron intermediarios para el lavado del dinero y mantener los pagos en la oscuridad. En el sistema era en su totalidad un modo de ganar y compartir dinero y poder, a costa de la democracia, de la transparencia, y de la rendición de cuentas.

Hay pruebas de sistemas similares en otros países. En Irlanda, una investigación encontró que Charles Haughey, primer ministro entre 1979 y 1992, había “devaluado la calidad de una democracia moderna” aceptando cerca de 11 millones de euros en efectivo de potentados hombres de negocios durante un periodo de 17 años, ocultándolo en una red de cuentas ubicadas en paraísos fiscales. Este tipo de redes existen igualmente en gran número de países en desarrollo, incluyendo Nigeria, donde los gobiernos han desarrollado relaciones corruptas tanto con empresarios locales –favorecidos por los procesos de privatización- como multinacionales, tales como las empresas petroleras y eléctricas.
La interacción entre políticos y empresarios es ahora vista como igualmente corrupta en muchos más países.

Casi tres cuartos de los europeos piensan que la corrupción es un problema fundamental en su país y en las instituciones de la propia Unión europea. Se tiene una clara visión de dónde está teniendo lugar la corrupción: un 47% piensa que los actores más corruptos de todo el sistema son aquellos agraciados por la contratación pública. Las explicación más frecuentemente citada de la corrupción es que “hay demasiados vínculos estrechos entre los negocios y la política”.
En la India, de acuerdo con un informe de 2011 de KPMG, incluso los propios empresarios locales coinciden en considerar que el principal problema nacional no es la pequeña corrupción (‘bakshish’) sino más bien:

  • “Fraudes que suenan con miles de crores (un crore=10 millones de rupias) subrayan el nexo política/industria………..una malla de empresas e intermediarios”, basada en la disposición del sector privado a pagar sobornos.
  • Más de dos tercios de gente de negocios admite que la corrupción en la India se inicia por el sector privado, y un 42% dice que el soborno es considerado “aceptable” en su sector.
  • Los sectores identificados como más corruptos fueron aquellos donde los contratos del Estado o las privatizaciones están en juego – construcción, seguida de las telecomunicaciones, con los servicios públicos en tercer lugar, justo por delante de los sectores financieros y de la defensa- .

Estas redes utilizan los pagos ilegales, sobornos, pero también construyen ‘redes de influencia’ mediante pagos legales –donaciones a los partidos, o empleo de lobbistas para convencer a los políticos de la adopción de de ciertas posiciones políticas. Para las empresas es una estrategia de negocio muy beneficiosa: “implica esfuerzos de parte de los intereses privados para comprar el acceso y la influencia de dentro de los procesos políticos institucionales, a menudo a través de personalidades políticas que actúan como intermediarios”. En los países desarrollados las firmas que gastan dinero en lobbys consiguen mayores beneficios que aquellas que simplemente pagan sobornos. En los Estados Unidos, las empresas con conexiones políticas consiguen más contratos después de una elección en la que respaldan al ganador. En Estados Unidos y Reino Unido, los bancos han gastado decenas de millones en lobbys para evitar regulaciones más estrictas.
Estas formas legales de comprar influencia operan del mismo modo que los ilegales ‘intercambios corruptos’ como los sobornos: “conceptualmente, la corrupción legal puede estar bastante próxima a su contraparte ilegal…”. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción incluye el “tráfico de influencias” como conducta inadecuada, pero por el momento muchos Estados –incluyendo Suiza y Holanda- han descartado su tipificación como delito.
Del mismo modo, la captura del Estado no es únicamente una cuestión de índole penal – mucho de lo que sucede se acomoda para hacerlo legal. Es un problema político, a través del cual las estructuras de decisión pública son apropiadas privadamente para servir a los intereses mercantiles. Los contratos del Estado u otros activos son el centro de tales procesos, y la privatización es parte central del sistema.

Informe » Corrupción y servicios públicos».  Autor David Hall.  PSIRU. Public Services International Research Unit.

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