Se mitiga un golpe, pero el puño sigue alto.

Se mitiga un golpe, pero el puño sigue alto. Por Héctor Salvatierra. Politólogo.

airbusaHace una semana escribí un artículo sobre la aplicación de los delitos de coacciones que recaían en sindicalistas cuando ejercen su derecho a informar al resto de trabajadores y trabajadores para que secunden una huelga. La huelga, como instrumento legítimo de presión, frente a unas causas, que de eliminarse, acaban irremediablemente beneficiando a toda la clase obrera.

Que duda cabe que si se revierten las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores que abaratan el despido o facilitan la organización unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo, ello revierte en todos y todas las personas que trabajan. Por ello, unos se exponen a incurrir en un delito y todos nos beneficiamos sólo de sus logros.

En aquel artículo aludía a la persistencia desde el régimen predemocrático anterior al año 78 de unas tipificaciones de conductas que penalizaban de forma expresa y con dureza la aptitud de quien reivindicaba con una huelga la defensa de sus legítimos intereses. Así, el artículo 315.3 de nuestro vigente código penal señala de forma expresa al delito en el que pueden incurrir las personas que promocionan una huelga y, a criterio interpretativo, se exceden en el derecho a la información, hasta llegar al punto de que las personas que ese día van a trabajar se sientan “coartadas” para realizar esa actividad. El delito se separa del general de “coacciones” y se explicita para que pueda ser usado por la fiscalía o el juez de instrucción, en el caso de que así lo consideren, como fue la situación de la Huelga General del 2010 frente a la reforma laboral, que condujo a juicio a 8 trabajadores conocidos como los “8 de Airbus”.

Finalmente, como todos deseábamos, la Sentencia ha salido esta semana y si durante el juicio 2 trabajadores quedaron absueltos por falta de pruebas, ha quedado el fallo de la sentencia con el mismo criterio para los 6 restantes.

Todo lo cual nos alegra, ya que ha permitido que 8 trabajadores no vean vulnerados sus derechos ni dañada su vida por la privación de libertad. Pero, aquí es donde incido hoy, la Sentencia no ha prosperado a favor de la versión de la fiscalía, por no haberse podido probar los cargos. Es decir, los hechos no han sido concluyentes frente a los 8 trabajadores y no se puede condenar a una persona sin pruebas. No obstante, en ningún momento la Sentencia pone en tela de juicio (valga la expresión), la situación en la que en un país que se dice democrático haya un tipo delictivo específico para perseguir a las personas en el ejercicio del derecho de huelga. Es decir, existe un marco punitivo que aún considera con trato diferenciado a quien “subvierte el orden establecido por la autoridad” del momento. Así, la Sentencia absuelve, ya que no se han podido identificar a los causantes de los altercados; ni que a los representantes de una organización sindical, ni se les puede achacar las conductas de los que participan en la huelga ni que han encabezado una estrategia que condujo al conflicto.

La Sentencia también hace referencia al delito del 315.3. y lo fundamenta para quien realiza una “coacción psicológica o presión moral en la huelga”. ¿A cuántos empresarios se ha visto en los banquillos por amenazar con el despido a quien concurre en una jornada de huelga?… ¿No sería una coacción psicológica la de “obligar” a ir a trabajar? Ó ¿Sólo se aplica a quien presuntamente impide ir a trabajar?

Me alegro por la condena absolutoria, no tanto por la interpretación que el juez ha hecho de los derechos y los delitos con los que pretendían condenar a los trabajadores sindicalista. Afortunadamente, han fallado los “hechos probados”, pero los fundamentos para aplicar el castigo estaban y siguen, desgraciadamente, plenamente vigentes a los casi 40 años de existencia de la presente Constitución Española.

Enlace a la Sentencia sobre los 8 de Airbus

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